Abdelkader EL FARSSAOUI
La verdad, en ocasiones, no se grita. Se filtra. Se desliza en mensajes interceptados, en conversaciones que nunca debieron ser escuchadas, en líneas de WhatsApp que se abren y cierran bajo la mirada de un espectro digital. En Italia, el redactor jefe de Fanpage, Francesco Cancellato, ha sido víctima de este fenómeno: su teléfono fue hackeado con Graphite, un software espía desarrollado por la empresa israelí Paragon, utilizado, según sus propios fabricantes, exclusivamente por agencias estatales y de inteligencia.
El hecho de que un periodista de investigación haya sido espiado no es solo un ataque contra su privacidad, sino un golpe artero al periodismo mismo. La noticia ha sacudido a la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) y al Colegio de Periodistas, que han denunciado con firmeza lo ocurrido y han emprendido acciones legales. Mientras tanto, el gobierno italiano se ha apresurado a negar cualquier implicación, encargando a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ACN) que investigue el caso. ¿Pero qué credibilidad tiene una investigación cuando los sospechosos son, en última instancia, quienes tienen la capacidad de manipular la información?
No es la primera vez que un Estado se escuda en la seguridad nacional para justificar prácticas turbias. En Europa, al menos 13 países han sido señalados por espiar a periodistas y miembros de la sociedad civil. La justificación, invariablemente, se enmarca en la lucha contra el terrorismo, la protección de la estabilidad o la seguridad del Estado. Sin embargo, ¿cuántas veces el “enemigo” ha sido simplemente un periodista indagando demasiado cerca de la verdad?
La vigilancia sin justificación es la antesala del autoritarismo. No se trata solo de Francesco Cancellato. Él es, por ahora, el único que ha dado un paso al frente, pero ¿cuántos más han sido espiados sin saberlo? ¿Cuántos siguen bajo vigilancia? Y lo más inquietante: ¿por qué? El presidente de la FNSI, Vittorio di Trapani, lo dejó claro: Graphite no es un juguete de hackers anónimos, es una herramienta de espionaje con licencia de uso exclusivamente estatal. Entonces, si un periodista ha sido espiado, el responsable solo puede ser una entidad gubernamental o un organismo vinculado al Estado.
La paradoja es evidente: un gobierno que, mientras se lava las manos y promete una investigación, es el único actor que podría haber accedido a esta herramienta. Las palabras del Consejo Nacional de l’Ordine de Giornaliste resuenan con una gravedad ineludible: si el gobierno no aclara lo sucedido, no habrá más opción que recurrir a la justicia. Pero la justicia también puede ser un teatro de sombras donde la verdad se disuelve en tecnicismos legales y secretos de Estado.
En el fondo, este caso no es solo una cuestión de espionaje, sino de la relación cada vez más tóxica entre el poder y la prensa. Un periodista espiado es un mensaje para los demás: “Sabemos lo que haces. Sabemos lo que buscas. Y podemos ver más de lo que imaginas”. Es un intento de instaurar el miedo como método de control, de sembrar la autocensura en el oficio que existe precisamente para romper silencios incómodos.
Si Italia es una democracia, este caso debería provocar una respuesta contundente. No un silencio administrativo, no una investigación diluida en burocracia, no una excusa envuelta en seguridad nacional. Porque cuando el periodismo es espiado, no se está vulnerando solo la privacidad de un individuo, sino el derecho de toda la sociedad a ser informada.
Francesco Cancellato ha sido espiado. Su WhatsApp ha sido intervenido. Su vida profesional ha sido vulnerada. La pregunta ya no es si el espionaje a periodistas ocurre, sino quién lo ordena y con qué propósito. El periodismo es el espejo en el que el poder se refleja. Y cuando un gobierno decide romper ese espejo, lo que teme no es su imagen, sino la verdad que este puede revelar.
English
Español
Deutsch
Français
العربية