Corrupción y lucha contra las competencias en Marruecos: entre el dilema del Estado nacional y la voluntad de reforma y cambio

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Abdellah Mechnoune

El tema de la corrupción en Marruecos plantea una problemática compleja que va más allá de ser una mera disfunción administrativa o financiera. Representa una crisis más profunda en la estructura del Estado nacional y en su capacidad para generar élites y responsabilidades caracterizadas por la competencia, la integridad y el sentido de deber.
A pesar de la acumulación de textos legales y de las reiteradas directrices reales que llaman a combatir la corrupción y a vincular la responsabilidad con la

rendición de cuentas, la práctica sigue estando marcada por fenómenos persistentes como el clientelismo, el rentismo y el saqueo del dinero público, acompañados de la exclusión sistemática de personas competentes y la continuidad de las mismas élites que perpetúan el fracaso institucional.
El seguimiento que hacen los marroquíes del mundo a lo que sucede en su país no responde únicamente a una nostalgia sentimental, sino a un sentido de responsabilidad colectiva respecto al futuro de su nación y a un deseo sincero de verla fuerte, justa y próspera. Sin embargo, este anhelo se ve confrontado con una realidad que suscita serios interrogantes sobre la utilidad de las políticas actuales y sobre los límites de la voluntad reformista, en un contexto donde persiste una mentalidad de inmunidades

tácitas y discriminación contra las competencias independientes.
I. El dilema de la rendición de cuentas en el Estado nacional
Desde comienzos del nuevo milenio, el Estado marroquí, a través de los discursos de Su Majestad el Rey Mohammed VI, ha delineado una orientación estratégica clara: la necesidad de romper con la corrupción y el rentismo, vincular la responsabilidad con la rendición de cuentas, y animar a la ciudadanía a no avalar a los corruptos en las elecciones, promoviendo una vigilancia social frente a quienes utilizan el poder y el dinero con fines personales.
Este llamado constante demuestra una clara conciencia de que la permanencia del Estado nacional como garante de la unidad social depende de corregir estos

desequilibrios estructurales.
Sin embargo, la gran paradoja radica en que este mismo discurso, al descender al nivel de las instituciones ejecutivas, suele vaciarse de su contenido reformista debido a la infiltración de redes de intereses y estructuras tradicionales que aún consideran la rendición de cuentas como una opción política circunstancial, no como un mecanismo estructural permanente.
Como resultado, figuras bien conocidas por su implicación en casos de corrupción siguen ocupando puestos de responsabilidad, o regresan bajo nuevos nombres y rostros.
Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto puede el Estado nacional, cuyas estructuras administrativas están todavía habitadas por las mismas mentalidades que

fundaron la corrupción, reformarse a sí mismo? ¿Es posible desmantelar las redes del rentismo sin una verdadera ruptura con la lógica del clientelismo y las lealtades personales?
II. La corrupción como herramienta para excluir a los competentes
Más allá de las pérdidas económicas directas, lo más peligroso de la corrupción es su transformación en criterio implícito para la selección de élites en la administración y en las instituciones públicas.
El funcionario corrupto no se limita a desviar fondos públicos, sino que además combate activamente a las personas competentes e íntegras, pues las percibe como una amenaza para su sistema de intereses.

Así se consolida una política de “exclusión sistemática” que ha llevado a muchas competencias nacionales, tanto dentro como fuera del país, al retraimiento, al exilio o al enfrentamiento con las instituciones.
La continuidad de estas prácticas representa una amenaza directa al proyecto del Estado nacional, ya que debilita la confianza ciudadana en las instituciones, vacía de sentido el discurso de rendición de cuentas y perpetúa el ciclo del fracaso administrativo.
III. Sociedad civil: entre el apoyo y la lealtad
La lógica del clientelismo se extiende también al campo asociativo. Se observa que el Estado sigue financiando asociaciones en el extranjero con importantes sumas, a pesar de la ausencia

de impacto real o de programas concretos que sirvan a la diáspora marroquí.
Mientras tanto, se excluye a asociaciones con credibilidad y actividad tangible, simplemente por no pertenecer a redes de lealtad o por no saber “alabar” a los actores del sistema.
Convertir la sociedad civil en una fachada simbólica, en lugar de un socio efectivo en el desarrollo, desperdicia una oportunidad crucial para fortalecer el frente nacional frente a los desafíos de la identidad, la pertenencia y el progreso.
IV. ¿Dónde reside la responsabilidad?
Ante esta realidad, se impone la necesidad de un cuestionamiento estructural de la voluntad reformista real:
• ¿Estamos ante una crisis de visión política integral?

• ¿O se trata de una incapacidad de las instituciones ejecutivas para implementar las directrices reales?
• ¿Es suficiente un discurso reformista desde arriba para desmontar sistemas de intereses profundamente arraigados?
• ¿O se requiere una voluntad valiente por parte de las élites, un poder judicial independiente y una vigilancia activa de la sociedad?
V. Propuestas prácticas
A partir del análisis anterior, se sugieren una serie de medidas prácticas viables a medio plazo:
1. Reforzar la supervisión y rendición de cuentas
• Ampliar las competencias del Tribunal de Cuentas y asegurar la remisión inmediata al poder judicial de los casos de naturaleza penal.

• Proteger la independencia del poder judicial y garantizar cobertura legal a los jueces encargados de los grandes casos de corrupción.
2. Reformar el sistema de nombramientos en altos cargos
• Obligar a las administraciones a publicar los criterios de selección y resultados de las convocatorias públicas.
• Establecer una evaluación periódica del rendimiento vinculada a la permanencia en el cargo.
3. Reformar el sistema de financiación pública de asociaciones
• Adoptar pliegos de condiciones estrictos y vincular el apoyo financiero a indicadores de impacto real.
• Excluir a las asociaciones ficticias y promover a las serias y activas.
4. Proteger las competencias nacionales y

a los marroquíes del mundo
• Crear un Observatorio Nacional de Competencias que vincule las necesidades del Estado con las capacidades de los marroquíes dentro y fuera del país.
• Promulgar una legislación que proteja a los denunciantes de corrupción de represalias laborales o administrativas.
5. Fortalecer la conciencia social
• Lanzar campañas nacionales para sensibilizar sobre los peligros de respaldar a los corruptos y los efectos de la corrupción en el desarrollo.
• Integrar los valores de integridad en los programas educativos y universitarios.
6. Un plan nacional con horizonte temporal definido
• Elaborar un plan nacional plurianual (2025–2030) con objetivos cuantificables e indicadores de evaluación, y asegurar su seguimiento público y periódico.
Conclusión
Combatir la corrupción no es una opción administrativa pasajera, sino un desafío existencial para el Estado nacional marroquí, indispensable para garantizar la dignidad de sus ciudadanos y fortalecer su legitimidad simbólica.
La reforma exige decisiones claras, mecanismos transparentes y valentía institucional para desmontar redes de intereses, valorando a las competencias nacionales y devolviéndoles el lugar que merecen.
Los marroquíes, dentro y fuera del país, no dejarán de soñar con un Marruecos justo, limpio y libre, donde prevalezca la justicia social y la rendición de cuentas, y donde la dignidad del ciudadano esté por encima de todo.

Pero este sueño no se hará realidad con deseos vacíos, sino con decisiones y con coraje.
Seguimos confiando en que las claras orientaciones reales encontrarán su camino hacia una implementación real y efectiva, cuando las instituciones ejecutivas asuman su responsabilidad ante la conciencia de la sociedad y la historia.

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