Abdelkader EL FARSSAOUI
En Italia, un conflicto político que tiene como telón de fondo la migración ha alcanzado un punto álgido. Silvia Albano, la jueza de Roma encargada de temas migratorios, rechaza firmar la orden para deportar a doce migrantes a centros en Albania, desencadenando amenazas de muerte en su contra. “Jueza corrupta, espero que alguien te dispare pronto”, reza uno de los muchos mensajes que recibe. Este enfrentamiento refleja la división entre el gobierno derechista de Giorgia Meloni, quien persigue una política migratoria dura, y la oposición que aboga por los derechos humanos.
El contexto se complica. Albano, quien lidera la Asociación de la Judicatura Democrática, se convierte en un símbolo de resistencia para el sector progresista. El rechazo de la jueza, basado en la falta de criterios claros sobre qué países se consideran seguros para migrantes, se produce en vísperas del primer aniversario del gobierno de Meloni, quien, ante la tensión, cancela una rueda de prensa planeada. La clase política, tanto de derecha como de izquierda, expresa su preocupación por las amenazas a la jueza, uniendo voces en un raro gesto de solidaridad.
Las autoridades de derecha buscan contrarrestar el poder judicial en temas migratorios. Meloni acusa a Albano y a sus colegas de actuar por sesgo político, señalando sus críticas previas a las deportaciones. Desde el ala opuesta, la líder del partido democrático, Elly Schlein, responde recordando que el fallo de los jueces no responde a opiniones personales, sino a la letra de la ley.
Este cruce de intereses resuena en el ámbito de la seguridad. Con la frontera italiana como puerta de entrada a Europa, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el de Exteriores, Antonio Tajani, buscan hacer cumplir una agenda de deportaciones que promueva la seguridad interna.
Sin embargo la izquierda italiana rechaza estas medidas, esgrimiendo la integración y el respeto a los derechos humanos. Los defensores de la pluralidad cultural ven en
Albano una figura que encarna la dignidad de las instituciones frente a los intereses electorales. En palabras de Angela Ferraris, profesora de derecho, el conflicto entre el gobierno y el sistema judicial no cesará aquí, pues los criterios para definir países seguros aún dependerán de la evaluación individual en cada caso.